LA PAZ, 5 dic (Aprac Bol Radio Digital) – El caso del propietario de la inmobiliaria Las Loritas, Harold Lora Seoane, ha escalado a un nuevo nivel, cuando la Fiscalía Departamental solicitó este miércoles 10 años de cárcel para el empresario, acusado de defraudar a 24 personas a través de la venta ficticia de departamentos y garzoniers en exclusivos barrios de la zona sur de La Paz.
Los hechos, ocurridos entre 2021 y 2023, destaparon un esquema que dejó a las víctimas sin inmuebles ni reembolsos, generando pérdidas de entre $us 30.000 y $us 57.000 por comprador. “Tenemos 34 pruebas documentales y 29 testimonios que sustentan la acusación”, afirmó Luis Carlos Torrez, fiscal departamental.
El caso salió a la luz cuando los compradores, quienes habían protocolizado las transacciones ante notarios, denunciaron que nunca recibieron las propiedades prometidas en los edificios de Calacoto y Obrajes. Inspecciones técnicas y documentos firmados por las víctimas fueron fundamentales para armar el caso contra Lora, quien fue aprehendido el 27 de mayo de este año.
El fiscal Romualdo Almonte, asignado al caso, explicó que además de estafa con agravante de víctimas múltiples, Lora enfrenta cargos de estelionato, trata y tráfico de personas, violencia familiar y uso indebido de influencias. “Solicitamos la pena máxima porque las pruebas son contundentes”, agregó Almonte.
La investigación reveló un vínculo preocupante entre Harold Lora y el concejal paceño Pierre Chaín, ambos implicados en la emisión de la Ordenanza Municipal 046/2022. Esta norma habría favorecido a Lora al permitirle la construcción del edificio Las Loritas 10 en Calacoto, pese a irregularidades en los permisos.
El uso de conexiones políticas para legitimar proyectos dudosos ha generado indignación entre las víctimas y la opinión pública. “No se trata sólo de una estafa inmobiliaria, sino de un caso que pone en evidencia cómo se pueden manipular normas para beneficio personal”, dijo un analista legal consultado por El Libre Observador.
El caso no sólo afecta directamente a los 24 compradores, sino que también pone en tela de juicio la seguridad jurídica en el sector inmobiliario. Los montos defraudados representan una inversión significativa para familias que confiaron en los proyectos. Además, el caso amenaza con debilitar la confianza en instituciones públicas y en el sector privado.
Según especialistas, este tipo de delitos patrimoniales tienen un efecto multiplicador, afectando el acceso al crédito, la inversión inmobiliaria y el mercado local.
La solicitud de la pena máxima refleja la gravedad de las acusaciones. Ahora, el caso avanza hacia un juicio en el que se determinará si Lora será condenado por los múltiples delitos que se le imputan. Por su parte, las víctimas esperan que el proceso judicial siente un precedente para evitar futuros fraudes en el sector.
Con una creciente indignación pública y la evidencia presentada, este caso promete ser un hito en la lucha contra el fraude inmobiliario y el uso indebido de influencias en Bolivia.
