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Las diputadas Julieta Jiménez (Unidad) y Claudia Bilbao (PDC) acusaron este martes a la Central Obrera Boliviana (COB) de organizar las protestas contra el Decreto Supremo 5503 por órdenes del expresidente Evo Morales y del exdirigente Juan Carlos Huarachi, quien actualmente se encuentra recluido en la cárcel de San Pedro.
Según las legisladoras, las movilizaciones no responden a una demanda social legítima, sino a una operación política con fines de presión al gobierno del presidente Rodrigo Paz.
Jiménez afirmó que Huarachi continúa operando desde la cárcel y que las acciones de protesta se coordinan desde ese recinto. Sostuvo que la mayoría de los trabajadores no participa de las movilizaciones y que un reducido grupo de dirigentes actúa bajo instrucciones políticas.
Protestas
Aseguró que la eliminación de la subvención a los combustibles golpeó al contrabando y al mercado negro, lo que, en su criterio, derivó en la reacción de los sectores movilizados.
La diputada vinculó a Huarachi con actividades ilícitas relacionadas con el tráfico de diésel y señaló que el fin de las filas por combustible constituye una evidencia del impacto de la medida gubernamental. Sostuvo que las protestas buscan restablecer un negocio ilegal que habría sido desarticulado por el ajuste económico impulsado por el Órgano Ejecutivo.
Por su parte, Bilbao denunció que la COB planteó al Gobierno la exigencia de tres ministerios a cambio de levantar las medidas de presión. Calificó esa demanda como un chantaje político y afirmó que no puede permitirse que organizaciones sindicales condicionen la gestión pública mediante amenazas de movilización.
Decreto 5503
Cuestionó además el rol histórico de la dirigencia sindical y su silencio frente a hechos de corrupción y contrabando en años anteriores. Señaló que las actuales protestas no responden a un interés nacional, sino a la pérdida de privilegios y espacios de poder.
Ambas diputadas exhortaron a los dirigentes sindicales a dejar de depender del Estado y a ejercer una representación genuina de los trabajadores. Finalmente, informaron que solicitaron al presidente Rodrigo Paz no ceder a presiones y mantener la aplicación del Decreto Supremo 5503.
